Papeles del Psicólogo, 1983. Vol. (8).

Carlos Camarero

Plantearse el tema de la integración del subnormal o deficiente o minusválido físico, psíquico o sensorial, no es algo que enfrentemos de nuevo, sino que, por el contrario, los expertos, profesionales y padres de personas con deficiencias, vienen planteándoselo desde muy antiguo. Quizás el exponente máximo estuvo en los trabajos que sirvieron de base a la elaboración del Plan de Educación Especial, donde machaconamente se hace referencia expresa de la integración del deficiente o minusválido en la sociedad y en concreto en la escuela ordinaria. Ya en 1970, la Ley de Educación establecía esta necesidad y la Constitución de 1978, en su famoso artículo 49, así lo reconoce igualmente.

La Ley de Integración del Minusválido que costó cuatro años de discusión en el Parlamento consagra este principio de la integración en la escuela ordinaria para los minusválidos y deficientes. Ultimamente el Decreto 2639/82 de fecha 15 de Octubre sobre Ordenación de la Educación Especial, lo sanciona como no habría de ser menos.

Es decir, que para los legalistas, existe toda una serie de normativas sobre el tema que les puede dejar tranquilos: en este país se legisla. Lo que no se hace es planificar y cuantificar social y económicamente lo que supone para el país aquello que se legisla. Y otra cosa que no se hace es ajustar las normas y los buenos deseos a un calendario y a un control y seguimiento en la ejecución de las mismas (si hay fecha en cambio para la compra de aviones de combate y se sabe lo que van a costar).

El común denominador de todo ello es el enunciado que siempre da pie a todos los intentos: "El minusválido se integrará en el sistema ordinario de la educación general..." pasando inmediatamente no a desarrollar lo que sería lógico hacer bajo este epígrafe; es decir, normativizar y desarrollar cómo se va a hacer esta integración, cómo se van a dotar a los centros escolares de los mecanismos necesarios para llevar a cabo ese objetivo, con qué medios y apoyos técnicos, profesionales, metodológicos, etc., sino que se hace una pirueta jurídica y se normativiza lo existente, lo marginal, y en definitiva "lo especial"; dándose una serie de consideraciones generales que son válidas para todos los ciudadanos y no específicamente para los minusválidos.

Desde mi punto de vista, cualquier intento de legislar aspectos específicos de un determinado grupo social con las características que se dan entre los minusválidos, entra dentro de lo que podemos denominar "la legalización de la marginación": Leyes Especiales para colectivos "especiales", con un tratamiento diferenciador que se aleja del tratamiento dado al "común de los ciudadanos" en el resto de las leyes, es marginador por definición. Porque es en las Leyes Generales donde deben contemplarse los aspectos específicos: en la Ley de Reforma Sanitaria deben contemplarse los aspectos de rehabilitación, detección y estimulación precoz, tratamientos específicos, control del embarazo, prevención de la subnormalidad y minusvalías, etc., que tienen que ver con las condiciones de salud de los ciudadanos. De todos los ciudadanos. Y es en la Ley de Empleo donde deben establecerse los controles de corrección del paro de todos los ciudadanos, así como el de reconversión de la mano de obra, etc., y es en una Ley de Servicios Sociales donde deben contemplarse aquellos servicios de apoyo a la comunidad configurándolos en torno a los distintos colectivos y en atención a las necesidades reales de los mismos; y es en la Ley General de Educación donde debe estar contenido el sistema para integrar a los minusválidos en los Centros Ordinarios; y sería en la Ley de Urbanismo donde deberían contemplarse la eliminación de barreras arquitectónicas y el acceso y movilidad en los centros y lugares públicos, y desde donde se deben contemplar los requisitos de edificación privada, acomodándose a las necesidades de todos los ciudadanos. Repito: de todos los ciudadanos. Y no como se pretende hacer dándoles trato diferenciador: ciudadanos y minusválidos. Porque, yo me pregunto: ¿en qué se diferencian todos esos aspectos que yo he enunciado: sanitarios, educativos, de empleo, urbanísticos, sociales, etc., que se normativizan para todos y aquellos que se normativizan para los minusválidos o deficientes?.

En general, se echa en falta ver legislada la adecuación de los planes generales de atención a los distintos aspectos, con la creación de programas específicos articulados organizativa y funcionalmente en torno a la solución de necesidades concretas allí donde se detectan, con personal suficiente, asistencia domiciliaria, con un plan de rehabilitación integral, de adaptación al medio familiar y social, de señalar pautas de adecuación de los espacios físicos a las necesidades de todas las personas.

Y sobre todo ello está planeando siempre la inconcreción y, a veces, el confusionismo en cuanto a las competencias de los distintos niveles de la administración central, local y autonómica, y observándose en torno a esta inconcreción la existencia de diversos organismos de competencia parcelada, donde se solapan las funciones, donde no se controla el gasto, donde se burocratizan las acciones, donde se enconden las realidades...; dando todo ello como resultado la manipulación del problema desde diversas instancias e iniciativas cuyos objetivos muchas veces se desconocen.

Porque si queremos acercarnos decididamente al problema tendremos que empezar por preguntarnos ¿qué sentido tiene que en este momento coexisten varias instancias legislativas de distinto rango y nivel donde se dice absolutamente lo mismo y se legisla sobre lo mismo, sin avanzar en su desarrollo? No descubro ningún secreto si digo que la Ley de Educación de 1970 está obsoleta sin haber desarrollado buena parte de su articulado y donde ya se decía que la Educación Especial se entendía como un proceso formativo en Orden al desarrollo personal de los deficientes; y se establecía que el Ministerio de Educación y Ciencia debía establecer los medios para la localización y el diagnóstico de los alumnos necesitados de Educación Especial y que siempre que fuera posible se desarrollaría en los Centros docentes de régimen ordinario, y en los casos extremos en los Centros especiales. Esto parecía razonable.

Por aquel entonces (1970) en el Decreto sobre Empleo de Trabajadores Minusválidos, se crea un Organismo dependiente de la Seguridad Social (el Servicio Social de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos, SEREM) y se desarrolla un año después en la Orden de 24 de noviembre de 1971 donde se establecían las famosas funciones de cuidar, expedir, velar, promover, instar, atender, recabar, divulgar..., cuyos infinitivos dan noticia de cual era el espíritu efectivo que informaba dicha creación: nacía un organismo que no tenía ningún carácter ejecutivo, que velaba e instaba a la integración del minusválido en el empleo, en la formación profesional, en los servicios médicos correspondientes, etc. Se creaba un organismo cuyos objetivos dependían de acciones voluntaristas más que de hacer cumplir una norma y exigir un tratamiento específico con una ordenación, método y concreción de medidas.

Seguimos avanzando y en 1975 se crea el Instituto Nacional de Educación Especial, como organismo autónomo del Ministerio de Educación y Ciencia, cuyo objetivo esencial es conseguir la progresiva extensión y perfeccionamiento del sistema de Educación Especial y se vuelve a repetir obsesivamente el principio de que deberá hacerse la educación del deficiente en la medida de lo posible dentro del régimen escolar ordinario; pero se crea un Organismo que extiende la idea de "lo especial", lo institucionaliza y lo legaliza.

Después llegamos a la Ley de Integración de Minusválidos de 1982 donde los deseos de que "las medidas tendentes a la promoción educativa, cultural, laboral y social de los minusválidos se llevarán a cabo mediante su integración en las instituciones de carácter general...", se hacen bien patentes en una hermosa declaración de principios, pero se sigue obstaculizando esta normalización deseada con la inclusión de todo un cúmulo de formulaciones en torno a los casos especiales y por tanto separando al colectivo de las situaciones generales.

Y por último, llegamos al Decreto de 15 de Octubre último sobre ordenación de la Educación Especial que también repite machaconamente el deseo de que se acomode "en su desarrollo y organización a los principios de individualización, integración, normalización y sectorización", y que ha venido a promulgarse en el momento en que está por desarrollarse la Ley de Integración del Minusválido.

Entre tanto ¿cuánta integración en el régimen educativo ordinario se ha producido? . ¿Qué medidas han tomado los poderes públicos para propiciar dicha integración?. Se puede afirmar que ninguna. Es más, analizando el redactado de estas normativas no se diferencian en nada sus objetivos a los que deben cumplirse para la educación y desarrollo personal y social del resto de los ciudadanos. Entonces ¿qué se está legislando?. Personalmente pienso que lo que se legisla es la marginación en sí misma.

En resumen, si comparamos el desarrollo normativo de nuestra legislación en torno al tema de la integración y la realidad en cuanto a experiencias concretas de la misma, el resultado es un panorama desolador: un desarrollo excesivo de la normativa de intencionalidad especial que está impidiendo en la realidad la integración y la normalización de los minusválidos en su desarrollo personal y social.

Creo que esto tiene sus causas y trataré de acercarme a ellas seguidamente.

En muchas ocasiones los intereses individuales no coinciden con los sociales o con aquellos que en una sociedad son valores dominantes. Las expectativas de una persona están en función de un esquema de necesidades imperantes que se le ofrecen para su satisfacción. Cuando ocurre que las necesidades individuales no son satisfechas conforme al status ocupado, puede producirse la marginación. También puede producirse cuando no existen medios adecuados de interrelación y sistemas de comunicación entre los diversos grupos sociales. En la medida en que un individuo no logra constituir el medio en el que se encuentra conforme a las concepciones que se hace de él, el equilibrio de ajuste entre la persona y el medio se rompe y se produce la inadaptación.

El minusválido, el subnormal, el deficiente, (como queramos), es tratado y categorizado ante los demás de una manera especial y por ello adquiere una imagen determinada de sí mismo, al tiempo que busca la aprobación y estima de los demás. Esto, (que es común al resto de las personas) si no se da, puede producir una determinada imagen de sí mismo deficitaria y, como consecuencia, adquirir bajos niveles de autoestima. En la medida en que el minusválido se apruebe y se acepte se producirá la autoestima. Pero en este proceso será decisiva la actitud y reacción de los demás de los cuales depende aquella, por lo tanto cuando existe una depreciación en la autoestima es porque existe un rechazo por parte de los demás, o bien por haber elegido un grupo de referencia que escapa al control de esa persona en cuanto a sus objetivos y contenidos. Y teniendo en cuenta que los valores dependen del grupo dominante, la autoestima dependerá de cómo el grupo valore los atributos de una persona. Si esto ocurre, o valora negativamente la carencia de dichos atributos, se producirán reacciones negativas hacia los demás o se retirará la persona a un mundo de fantasía ajeno a la realidad.

Y tiene sentido entender la minusvalía como fenómeno social, puesto que el medio ambiente propicia una respuesta generalizada negativa hacia aquella, estructurando un sistema de actuación diferenciada con los minusválidos. Se le imputa una diferencia respecto a los demás y, además, se trata de una diferencia no deseable. Es decir, que cuando a una persona se le dice que es un minusválido, subnormal, deficiente o cualquier sinónimo de estos términos, se le define de esta forma porque se desvía de lo que uno mismo cree que es normal y adecuado. Porque previamente la sociedad o el grupo ha definido cuales son los rasgos, atributos o normas deseables y, por tanto, cuando los individuos fracasan (por la razón que sea) en su consecución, se les trata de otra manera y se les asimila a la categoría de desviados, marginados, etc.; elementos estos que llegado un momento funcionan automáticamente sin necesidad de valoración.

En definitiva, el minusválido puede tener menos posibilidades de que pueda convertirse en una persona normal, porque está generalizada la creencia de que necesita un tratamiento especial, también disminuido o minusvalorizado en sus contenidos y exigencias. Con todo ello se puede generar el aprendizaje de conductas de dependencia, recreando la ética del desvalimiento y la ayuda, que es el resultado de reforzar aquellas conductas que tienden a expresar petición de ayuda, fomentando la dependencia y la sumisión para perpetuar la marginación y, por tanto, la dominancia del grupo "normal". Es decir, que las conductas de los minusválidos que se consideran propias de su situación no son otra cosa que respuestas de adaptación a las expectativas y roles que se exige de ellos. Por lo tanto la discriminación sería un fenómeno fabricado socialmente y que, en nuestra sociedad, la posesión de determinados atributos físicos o psíquicos supone una posibilidad de gozar de prestigio y estima, y su falta, no; ya que los refuerzos sociales son más frecuentes en la medida en que la posesión de dichos atributos se acerquen al ideal cultural (y aquí entraríamos de lleno en el papel que juega la extracción social para provocar diferencias notables en las pautas de conducta y en la adquisición de habilidades sociales).

Todos estos mecanismos sociales que son incontrolados por algunas personas produce indefensión, pasividad, marginación, etc. Muchos grupos sociales entre los que se encuentran los minusválidos se hayan en situación de indefensión frente a acontecimientos que no controlan, produciéndoles por ello ansiedad y una valoración negativa de su imagen y competencia que va a dificultar su integración.

Así, no extrañan noticias como la aparecida no hace mucho en EL PAIS (19-X-1982) de que se plantee como objetivo de la integración en la sociedad, la cirugía estética para niños mongólicos, que resume en cierto modo lo que intento decir. Esto sería el resultado de todo lo anterior, la adaptación a modelos socialmente admitidos llevados a sus últimas consecuencias para evitar el rechazo social; y por tanto, supuestamente, producir la integración. Pero este es un camino equivocado. Porque si esto se introduce en los valores sociales como necesidad, los calvos tendrán que hacerse un transplante de pelo y algunas señoras tendrán que hacer un arreglo en su estética. Lo cual nos llevaría a una dialéctica absurda, donde estaríamos obviando la realidad evitando la solución del problema y estaríamos acudiendo a soluciones "mágicas" para obtener la integración. Y en la mayoría de las ocasiones se acude, además, a adoptar medidas de tipo caritativo y benéfico, con lo que supone de buena voluntad por parte de quienes la practican, pero que es inoperante y contiene implícito, en su práctica, el reconocimiento de algo atávico, inmodificable, endémico y sometido sólo a principios de índole voluntarista, con lo cual la integración pasa de la categoría de los derechos humanos a la de "sosiego de conciencia" de quienes la practican.

Quizás habría que acudir también a análisis de tipo económico, a llegar a saber cómo se distribuyen los roles sociales de los grupos y personas en función del sistema de producción; es decir de cómo una sociedad que basa sus ideales en el concepto de nivel de vida en base a la máxima producción de bienes de consumo, favorece la marginación de grandes colectivos, sobre todo de aquellos que no producen a no pueden producir conforme a los niveles óptimos definidos por el poder económico.

En contraposición a este concepto se alzaría el de "calidad de vida" por encima del simplista e interesado concepto de "nivel de vida" que ciertas ideologías dominantes han pretendido hacer creer que eran los mismos, confundiendo ambos. En el nivel de vida sólo se tienen en cuenta los indicadores de tipo económico, haciendo hincapié en la posesión de bienes y recursos de una manera individual, competitiva, sin tener en cuenta aspectos de necesidad real de los grupos y personas; haciendo fin de los medios, convirtiendo el crecimiento económico en un fin en sí mismo y evitando hacer de los bienes un instrumento que sirva para crear mejores condiciones de vida de todos los ciudadanos. Por tanto en esta ideología se margina o se integra a las personas en el sistema social en función de su capacidad de producir y de mantenerse dentro de ese sistema de producción. Y por ello, en este sistema de valores, los minusválidos son doblemente marginados: están fuera del sistema social y, además, se les asigna un rol social marginal que corresponde, como vimos anteriormente, a valores socialmente admitidos de normalidad y anormalidad, de bueno-malo.

Por el contrario, el concepto de calidad de vida estaría en función de las propias necesidades y su nivel de satisfacción, contando con las expectativas de cada cual, la capacidad de cada persona y las exigencias generales del grupo de referencia. La calidad de vida, por tanto, si fundamenta en el ajuste personal de las disponibilidades existentes materiales y las expectativas, capacidades y necesidades del individuo tal y como las percibe él mismo.

Este modelo permite que el individuo y los grupos intervengan directamente en la determinación política de los recursos disponibles en función de necesidades reales y no esté dirigido por el poder económico en función de las necesidades del sistema.

Por ello, la idea de normalización que propugnamos la basamos en una integración plena de minusválidos en todos los servicios generales del resto de los ciudadanos, introduciendo las modificaciones ambientales convenientes para evitar la marginación y lo "especial".

Pero hablamos de integración sin que el afectado tenga que presentarse socialmente minimizando su minusvalía para aproximarse al concepto de normalidad y recibir con ello una recompensa social para acercarse al valor dominante de nuestra sociedad; sino que, por el contrario, la normalidad vendrá determinada por la integración en el "mundo de los normales" con "su" diferencia. Y por decirlo de alguna manera: "imponiendo" su diferencia como un derecho.

Y aquí es donde entra de lleno el análisis crítico que debemos hacer al sistema económico de producción como impulsor y avalador de la marginación de grandes sectores de población en razón a su baja rentabilidad.

Podemos ver cómo históricamente se da el apartamiento y, como consecuencia, el internamiento en instituciones, de esos sectores que no producen o que producen poco desde el punto de vista de un determinado desarrollo y avance tecnológico e industrial, basado en la producción que precisa el sistema para perpetuarse.

Dentro de esas instituciones están los locos, insensatos, rebeldes, idiotas, subnormales, "hijos del pecado", los improductivos, etc., etc., y fuera están los normales, los cuerdos, los útiles, los buenos, los productivos, etc., etc.; regenerándose a lo largo de la historia con nuevos impulsos, nuevas etiquetas, nuevas fórmulas en función del ascenso e implantación de un sistema de producción en el que no caben los retrasados, los lentos, los difíciles, acorde siempre con unos contenidos, modos, tiempos y cantidad de producción que señala el poder económico. Y así se van creando instituciones de internamiento que llegan hasta nuestros días, transformándose con los avances tecnológicos necesarios.

Y a todo ello contribuye la escuela, donde los métodos de transmisión de conocimientos y valores también se ponen al servicio de ese sistema de producción. Se necesitan determinados hombres, determinados conocimientos y determinados valores asumidos para poder hacer funcionar la maquinaria. Y todos aquellos que pueden retrasarla con apartados y marginados.

La escuela es una institución que reproduce ideología, social y psicológicamente el sistema productivo y formaliza quién sirve para el trabajo y quién no. Por supuesto, quién sirve para el trabajo con unas concretas características de cantidad y calidad.

Cuanta más especialización, más tecnología complicada, más máquinas, más sofisticación en el armamento, etc., más exigencias tiene la escuela, y por lo tanto más fracasados de ella habrá. Pero esas exigencias, ¿a qué sistemas de valores atiende y sirve?.

Es aquí y no en otro lugar donde hay que situar la reflexión y el discurso en torno a la marginación y la no integración de esos colectivos en la sociedad. Esto quiere decir que es la sociedad la que tiene que adaptarse a las necesidades de todos sus componentes (con sus diferencias y valores) y no al contrario.

Y, en el caso que nos ocupa, el minusválido, el subnormal o deficiente, se convierte -en ese tipo de sociedad- en la persona que no puede trabajar, que no puede producir con rentabilidad económica y, por lo tanto, no se le integra en los niveles donde se prepara el resto de las personas para ser rentables económicamente.

Invirtiendo el sistema de valores y acudiendo al concepto al que hemos aludido anteriormente de calidad de vida y de rentabilidad social; toda actividad, por mínima que sea en cuanto a cantidad, es rentable. Lo demás es trabajo que produce plusvalía. Pero eso no lo podemos considerar nosotros si pretendemos hablar de integración.

Y hay un dato más que añadir aquí, y es el hecho de que sólo cuando de ese sector marginado se puede sacar una rentabilidad económica al nivel que sea, es cuando el sistema vuelve sus ojos hacia él: véase, si no, qué significado tiene el querer "vender" alta tecnología para integración: sistemas de telefonía, de microprocesadores, de enseñanza por medios técnicos de alto coste, microcirugía, aparatos sofisticados de estimulación, etc. (sin que esto que digo tenga nada que ver con que se esté en contra de la necesidad de investigación de estos y otros campos y su posible utilización por la sociedad y su mejora de vida).

Según lo expuesto, pues, tendríamos que el trabajo y el sistema de producir es el que define quien es normal y quien subnormal, quién es válido, quién minusválido. Y por tanto, quién debe estar ordinariamente enclavado (escuela, servicios, trabajo, etc.) y quién ha de estar ubicado "especialmente".

Llegamos así al concepto de "normalización" que en nuestro campo se está confundiendo con el de "normativización". Aquí se está entendiendo, según hemos visto al principio, que para integrar hay que hacer leyes, normas, que digan que se va a integrar; y se hagan declaraciones en torno a ello sin calar en lo que sería el verdadero sentido que tendría decir que se quiere normalizar. Porque también con este término se pretende ajustar las diferencias dentro de la norma, es decir, forzar de tal suerte a los colectivos diferentes hacia el modelo ideológico del mundo de los normales. Pero "¡No es esto! ¡No es esto!", que diría Ortega.

Por normalización nosotros entendemos la no asunción por parte de la sociedad, y de sus individuos, poderes, políticos, profesionales, etc., de valores ideológicos basados en la necesidad de institucionalizar, apartando del conjunto de la sociedad a todos aquellos colectivos que por su diferencia, capacidad, extracción social, minusvalía, inteligencia o cualquier otro "indicador" que se establezca.

Con lo cual, el verdadero sentido que tendría este concepto entraría en contradicción con todo el bagaje cultural institucional de nuestra sociedad.

Posicionarse ante esto si es un test que nos daría de cuál es nuestra voluntad individual y colectiva ante el problema de la integración y normalización de los minusválidos. Y no todo aquel que habla de integración cree en ella.

Y los sectores que pueden entender que la integración supone perder control o poder económico y social y un ataque frontal a sus intereses porque pierden clientela; son los primeros que deben profundizar en estos aspectos y valorar el hecho de que eso es una visión estrecha y miope. Porque no se trata de destruir nada sino de construir programas efectivos de integración, utilizando el personal, los Centros y las dotaciones en función de un nuevo y magnífico objetivo.

Sólo así, la integración y la igualdad de derechos de los minusválidos dejará de ser un eslogan de una pegatina en la solapa, para pasar a ser una realidad de una sociedad más justa y solidaria.

CARLOS CAMARERO "En torno a la integración de deficientes".