Papeles del Psicólogo, 1981. Vol. (0).

Carlos Camarero

Se han cumplido en Noviembre pasado los tres años de la creación en el Congreso de los Diputados de la Comisión Especial de Minusválidos, hecho que se realizó en el Pleno del 16 de Noviembre de 1977. En esta primera etapa de la legislatura, después de las elecciones de 1979, una vez que se recompuso la Comisión y se discutió un nuevo borrador. El 31 de Octubre de 1979 se finalizaron los trabajos de redacción y se presentó a la Mesa del Congreso una Proposición de Ley de Integración Social de los Minusválidos, que fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes el 14 de Enero de 1980.

El Pleno del Congreso "tomó en consideración" dicha Proposición de Ley el 19 de Febrero, advirtiendo los distintos grupos parlamentarios que dicha Proposición no era sino un principio de acuerdo para la discusión pero que este texto podía y debía ser mejorado, por lo que había intención clara de presentar enmiendas que definieran y expresaran las distintas posiciones ideológicas.

Dicha toma en consideración supuso -según el proceso parlamentario- que se abriera un período de presentación de enmiendas hasta el 18 de Abril.

Hubo en este período de tiempo un gran despliegue de actividad, de estudio, de reuniones... de los distintos grupos parlamentarios, así como de asociaciones de minusválidos, padres de los mismos, profesores, técnicos, y un largo etcétera que como resultado dieron la totalidad de nada menos que 500 enmiendas.

La cantidad de enmiendas presentadas da idea del interés social de dicha Proposición de Ley. El contenido de las mismas da una dimensión de cuáles son las posiciones ideológicas que sustentan los grupos parlamentarios y la intencionalidad de "barrer para dentro" en las iniciativas y propuestas.

El "consenso" que se estableció en cuanto al borrador de discusión, pretendía ser utilizado por determinados grupos como avalador de una política de introducir esquemas organizativos, presupuestarios, profesionales y de muy diversa índole que fuera reflejo de una línea de actuación del Gobierno en esta y en otras materias: privatización, desprofesionalización de los técnicos, congelación de las plantillas, dilación en creación de servicios, etc. y todo ello de espaldas a los interesados y mientras se da una situación de inoperancia, inefectividad y burocratismo en los organismos supuestamente competentes.

Consideraciones Globales

Diremos por otro lado que, desde nuestro punto de vista, cualquier intento de legislar aspectos específicos de un determinado grupo social con las Características que se dan entre los minusválidos, entra dentro de lo que podríamos llamar "la legalización de la marginación". Una Ley Especial para un colectivo "especial", con un tratamiento diferenciador que se aleja del tratamiento dado al "común de los ciudadanos" en el resto de las leyes, es marginador por definición: es en la Ley de Reforma Sanitaria donde deben contemplarse los aspectos de la rehabilitación, tratamientos médicos y psicológicos, tratamiento farmacológico, prevención de minusvalías, etc., en la Ley de Empleo, donde deben establecerse los controles de corrección del paro en este colectivo, así como el de reconversión de mano de obra, etc.; en el Estatuto de los trabajadores, deberían estar establecidos los correspondientes mecanismos de seguridad e higiene en el trabajo, condiciones de adaptación hombre-puesto de trabajo, etc.; en el Estatuto de Centros donde debería estar contemplado el sistema de orientación y reorientación permanente en función de aptitudes, capacidades y motivaciones, o la integración en los Centros del resto de los ciudadanos de cupos de minusválidos; en la Ley de Urbanismo deben contemplarse la eliminación de barreras arquitectónicas y el acceso y movilidad a lugares públicos; o en la Ley de Reforma del Código Civil, donde deben desaparecer las alusiones a distintos grupos marginales sin discriminación; y así un largo etcétera que agotarían estas líneas.

Todos y cada uno de los aspectos -entre otros- citados anteriormente figuran recogidos como en un mosaico multicolor en la ley de Integración de los Minusválidos. Y en este punto es donde debemos preguntarnos en qué se diferencian esos aspectos de las distintas leyes (que son para el común de los ciudadanos) de los recogidos en la ley que nos ocupa. Tan solo hay un dato esclarecedor: estos aspectos van dentro de una ley especial con destino a un grupo "especial"' de ciudadanos; con lo cual el silogismo es bien sencillo: ergo de lo que se trata es de mantener la marginación.

Por lo tanto podemos considerar esta ley como marginadora, paternalista, asistemático, inconcreta, parcial, poco clara y, lo que es más grave, no establece esquemas organizativos racionales para llevarla a cabo y ¡no habla de la financiación!

En este sentido debemos advertir a nuestros lectores que, por si todo lo anterior fuera poco, en la ley de Presupuestos para 1981, no se contempla ninguna partida para su financiación, por lo que tampoco el 81 será el año de su entrada en vigor, a pesar de ser el Año Internacional de Minusválido decretado por las Naciones Unidas, y donde ya los distintos grupos de intereses están tomando posiciones y poder para. "oficializar" determinadas tendencias en las comisiones de preparación y ejecución del "Año". (Dicho sea de paso, que el Grupo Parlamentario Socialista ha tenido la iniciativa de solicitar al Gobierno que se amplíe la representación en dicha Comisión y entre otros propone que esté representado el Colegio Oficial de Psicólogos; propuesta que ha sido rechazada por el Gobierno).

Por otro lado podemos señalar aspectos generales muy positivos en la Ley como son: la pretensión de ampliar la Seguridad Social a todos los ciudadanos, incluyendo en concreto a los minusválidos por el hecho de serio aunque no tengan actividad laboral (aunque dicha cuestión debiera ser debatida e introducida en la Ley de Reforma Sanitaria); se articulan las actividades de equipos multiprofesionales de orientación, calificación y tratamiento de minusvalías; se proponen medidas adecuadas a la obtención de empleo, así como se establecen unos subsidios de ingresos mínimos. Lo que ocurre es que UCD da a todos estos aspectos, plazos de desarrollo muy largos y no establece en la ley los mecanismos de garantía de que se vaya a llevar a cabo lo que allí se propone. Es más se da un carácter caritativo y benéfico a los subsidios de garantía de ingresos mínimos, no regulando el sistema de obtención de los mismos. Como resultado de esta postura, el título V de la ley que regule la Seguridad Social ha sido eliminado por el partido del Gobierno, dejándolo en pura beneficencia.

Con todo, se echa en falta adecuar los planes generales de atención a los distintos aspectos con la creación de programas específicos y articulados organizativa y funcionalmente, con personal suficiente, de integración, asistencia domiciliaria efectiva, de rehabilitación integral, de adaptación al medio familiar y social, rural o urbano, de potenciación de microsoluciones distribuyendo los servicios en función de necesidades reales allí donde se detecta; de adecuación de pequeños centros específicos con personal adecuado y suficiente donde pueden colaborar los propios familiares, asociaciones de minusválidos, de vecinos, etc. Se echa en falta ostensiblemente la no potenciación de la investigación y la adecuación de planes pedagógicos a las necesidades específicas de los minusválidos psíquicos y sensoriales.

Y sobre todo, se echan en falta los niveles de competencia, en la ejecución de todos los aspectos, de los distintos organismos de la administración central, local, autonómica, etc. y no se desarrolla ningún criterio que presuponga un mínimo de esquema organizativo para llevar a cabo las acciones de la Ley. Todo queda en el aire.

Las enmiendas

De las 500 enmiendas hechas a la Proposición de Ley, algunas de ellas han sido propuestas por nuestro Colegio de Psicólogos en lo referente a aquellos aspectos que atañen directamente a nuestra actividad profesional dentro de este ámbito, y recogidas por los grupos parlamentarios del PSOE y PCE. Por otra parte se elaboró un informe de apoyo a determinadas enmiendas y que pretende ser una especie de compendio de aquellos planteamientos que el Colegio puede y debe tener en este y en otros temas.

Veamos, en primer lugar, cuáles son aquellas enmiendas en las que el Colegio participó y cómo queda en su redacción final. Nos preocuparon, de principio, aquellos aspectos que incidían directamente en nuestro mundo laboral y profesional, pero rectificamos nuestro error y reflexionamos sobre todos los aspectos contenidos en la Ley, pues aunque se trata de un Colectivo de Profesionales, nuestro Colegio no quiere quedarse solo ahí y pretende intervenir social y políticamente en aquellos aspectos que pueden conjugarse con interés de otros colectivos, asociaciones, etc. Así dimos nuestro apoyo y asistencia a la Coordinadora Estatal de Minusválidos que se celebró en Madrid y participamos de su preocupación por el modo de vivir las distintas situaciones sociales que les plantean sus minusvalías.

En primer lugar nos interesó el tema de la prevención de minusvalías e introdujimos el siguiente esquema: "El Estado dentro del Plan de Prevención, concederá especial importancia al establecimiento sectorizado de servicios de planificación familiar, consejo genético, atención prenatal, perinatal y posnatal, detección y diagnóstico precoz y asistencia pediátrica; higiene y seguridad en el trabajo, seguridad en el tráfico vial, contaminación ambiental y a la recogida y control de estadísticas de base. El Gobierno para llevar a cabo lo anterior, adecuará la financiación, los medios técnicos, y el personal, a las instituciones existentes tanto escolares como sanitarias, señalando qué tipo de actividades y programas deberán ser realizados para prevenir las situaciones que dan lugar a que aparezcan minusvalías. En consecuencia, establecen un conjunto coherente de medidas de información, investigación, laborales, asistenciales y cuantas otras se estimen convenientes".

Otro tema que nos interesó fue el de la valoración y calificación de minusvalías, donde introducimos la siguiente redacción: "la valoración y orientación terapéutica -física y psicológica- serán competencia de los equipos multiprofesionales y determinarán las aptitudes y necesidades de recuperación, adaptación y de adquisición de nuevos aprendizajes, así como su seguimiento y revisión".

En el tema de la rehabilitación y recuperación, decíamos: "Los procesos de recuperación y rehabilitación podrán comprender las siguientes acciones de una forma integrada:

- Rehabilitación médico-funcional.

- Tratamiento y orientación psicológica.

- Educación general y específica.

- Formación, readaptación y/o reeducación profesional.

Lo argumentábamos reflexionando sobre la necesidad de integrar todos los aspectos de la persona afectada de minusvalía en un conjunto de acciones necesarias para su total y adecuada integración social. Todo ello sería imposible si no se recogen en ese proceso integral aspectos tan importantes como la atención psicológica, la orientación y el consejo social, así como todos aquellos mecanismos relacionados con la recuperación profesional.

Otro aspecto en el que tomamos postura fue el del personal y servicios especializados: "El Estado intensificará la creación, dotación y puesta en funcionamiento de los servicios e instituciones de rehabilitación y recuperación necesarios y debidamente diversificados para atender adecuadamente a los minusválidos y conseguir su máxima integración social y fomentará con recursos propios la formación y contratación de profesionales, así como fomentará igualmente con recursos propios de investigación, producción y utilización de órtesis, prótesis y otros elementos técnicos en los aspectos educativos, laboral, psicológico y social".

En el tema de los tratamientos y orientación, psicológicos, que no estaban recogidos dentro del Título IV de la Rehabilitación, propusimos la siguiente redacción:

"1. El tratamiento y la orientación psicológica estarán presentes en todo el proceso de rehabilitación y recuperación, e irán encaminados a dotar al minusválido de la mayor adaptación a la minusvalía, resistencia a la frustración y creación de nuevos aprendizajes.

2. Los tratamientos y orientación psicológica tendrán en cuenta la personalidad del minusválido, su inteligencia, motivaciones e intereses, así como otros factores que se potenciarán, ayudándole a utilizar al máximo sus capacidades.

3. Los tratamientos y apoyo psicológico deberá comenzar al mismo tiempo que los tratamientos médicos si han de darse; y/o en la educación especial, con el fin de conseguir una adecuación armoniosa psico-física y social de la persona, su minusvalía y su entorno.

4. Se establecerán equipos interdisciplinarios que atiendan la problemática psico-social del minusválido con la apoyatura de una red de servicios sociales que canalicen dicha problemática hasta su resolución efectiva. Dichos equipos estarán coordinados con la red de servicios educativos, sanitarios, preventivos, etc. y en los barrios, ciudades, comarcas, regiones o nacionalidades".

La motivación para introducir estos criterios estaba basada en la necesidad incuestionable de incluir en el proceso de recuperación la figura del psicólogo y la ciencia de la psicología por los múltiples problemas que en el colectivo que nos ocupa pueden presentarse; además de la problemática que se asocia a la marginación del mismo. Esta enmienda que recogieron los partidos de izquierda, ha sido aceptada después de una larga discusión con UCD en la comisión, aunque no ha sido recogido el punto 4. De la discusión se da cuenta en estas mismas páginas.

Otro tema que tratamos fue el de la orientación profesional, diciendo que "La orientación profesional se hará por los equipos interdisciplinares en los servicios correspondientes, mediante el examen del minusválido, teniendo en cuenta sus capacidades residuales, educación escolar recibida y por recibir, posibilidades de empleo, de creación de nuevos aprendizajes profesionales y de su motivación.

Y en cuanto a las responsabilidades que en materia de personal deben tenerse, y en línea con nuestra postura de defender una Psicología como servicio público, aportábamos la idea de que: "El Estado adoptará las medidas pertinentes para la formación y contratación de diversos especialistas ...", ya que es al Estado a quien corresponde llevar a efecto los términos en que se plantean las distintas acciones de la presente ley, y es, por tanto imprescindible que además de formar a los profesionales los contrate para los fines que se pretenden.

Estas y otras propuestas de enmiendas fueron pasadas a los distintos Grupos Parlamentarios, y podemos afirmar que en general han sido recogidas a distintos niveles las mismas, con la misma redacción o con otra distinta aunque con igual contenido los grupos parlamentarios que han sido más receptivos son los Socialistas y Comunistas del Congreso, que se han situado con respecto a estos temas a favor de nuestras posiciones y planteamientos.

Por otro lado, se elaboró posteriormente un informe en el cual se incluían, a la vista de la publicación por el Congreso de los Diputados del volumen de las 500 enmiendas con sus respectivas motivaciones, una relación pormenorizado de todo el articulado del borrador en las enmiendas a cada artículo por cada grupo parlamentario y un apoyo a la totalidad de la enmienda o a parte de ella. Como resultado de este último informe que fue enviado a todos los diputados que figuran en la Comisión, hemos apoyado y/o informado un total de 105 enmiendas de las cuales 25 son del Grupo Comunista; 45 del Grupo Socialista; 10 del Grupo de Coalición Democrática; 10 de Minoría Catalán; 6 del Grupo Vasco; y 9 del Grupo de U.C.D.

La financiación de la Ley

De este tema no se habla en la ley, ni siquiera como dijimos anteriormente, se han previsto partidas presupuestarias para su financiación. Es más, ya va siendo sintomático que a distintos niveles se vaya haciendo fuerte la idea de lo cara que puede resultar su puesta en marcha y lo que supone económicamente para el país contemplar integrados aspectos específicos. Y ello, contando con que el Gobierno va a dedicar buenos dineros para dar realce al Año Internacional, a sus actos, congresos, conferencias, etc.

Es decir, que mientras se está dando una política dilatoria a la discusión de la ley, mientras no se adoptan medidas racionalizadoras en la organización administrativa, mientras no se crean servicios de atención, mientras no se dedican presupuestos adaptados a las necesidades en este campo..., se van a organizar los grandes montajes internacionales. ¿Se trata de un telón que tape la ineficacia, desidia, desinterés, etc., que en materia de servicios sociales tiene nuestro Gobierno y el partido en el poder?

Con todo, y suponiendo una situación óptima de entrada en vigor de la ley -una vez discutida y aprobada- en un período de tiempo máximo de tres años, podemos adelantar lo que consideramos un orden de prioridades en su financiación, advirtiendo que todos los aspectos son importantes y urgentes, y que todos ellos son un conjunto integrado de acciones interrelacionadas.

Excluyendo de las partidas correspondientes a la financiación de una ley de integración de minusválidos la prevención, que deberá financiarse al margen de aquella y que deberá ser extensible a todos los ciudadanos, y suponiendo que la tarea inmediata es la de contratación masiva de profesionales y personal de asistencia de una forma progresiva a medida que las necesidades detectadas así lo vayan demandando, y que se respete el principio de normalización; la educación es prioritaria, en aquellos aspectos que son específicos de las minusvalías tanto físicas, como psíquicas y sensoriales, aunque con el control suficiente para no crear redes paralelas a las existentes que sólo servirían para marginar. Como consecuencia de ésta tendríamos la formación profesional, inmediatamente la creación y dotación del régimen especial de Seguridad Social; y dentro de este, aquello que hace referencia al subsidio de garantía de ingresos mínimos, para ocuparse inmediatamente del subsidio de paro, movilidad, asistencia sanitaria, en tanto que la Seguridad Social no se hace extensible a todos los ciudadanos.

Un siguiente paso, dentro de otra gran etapa de acciones, sería la eliminación de barreras arquitectónicas (sin la cual difícilmente podrá darse una integración plena), sobre todo en los edificios y lugares públicos y habilitación de los transportes. Otra partida importante deberá ir destinada a las ayudas directas para reestructuración de viviendas; la ayuda domiciliaria, con la contratación del personal necesario para realizarla adecuadamente; la creación y/o potenciación de centros de empleo y talleres ocupacionales, para integrar a aquellos minusválidos que no puedan trabajar en un régimen laboral normal, la creación de pequeños centros de integración a nivel local, formados con grupos reducidos de minusvalías, donde el tratamiento integral fuera puente para la integración en los sistemas normales de integración de la sociedad; y la creación de centros de minusválidos psíquicos profundos, para grupos pequeños, cercanos al domicilio familiar. Todo ello aprovechando los recursos de la comunidad y renunciando de entrada a los grandes centros que no hacen sino marginar aún más.

Conclusión

Los psicólogos, como trabajadores sociales, debemos estar interesados en estos temas que afectan a grandes núcleos de población que por sus características, situación económica, lugar que ocupan en la sociedad y problemas que acompañan a la marginación, entran dentro de nuestro campo de trabajo y aportar soluciones que a la vez de técnicas, sean políticas y de compromiso con las necesidades reales de la población, en contacto directo con ellas y dispuestos a modificar planteamientos que un supuesto tecnocraticismo, y un mal entendido mesianismo cientificista nos puede hacer perder la oportunidad de servir como dinamizadores sociales y así nunca llegar a ser "tapones" -valga la expresión- de problemas reales sociales que afectan a la salud mental, al equilibrio personal y a la calidad de vida.