Papeles del Psicólogo, 1988. Vol. (36-37).

ADOLFO HERNÁNDEZ GORDILLO

Decano Junta de Gobierno

Si una empresa consultora nos hiciera una auditoría sobre nuestro modelo organizacional, encontraría un modelo confuso, complejo e imperfecto. Ello se debería a razones variadas, algunas de responsabilidad propia y otras externas.

Vamos a ir señalando lo que buscábamos, la situación real y sus causas o explicaciones.

Si dejamos fuera el caso de Cataluña, que ha alcanzado su estatus de colegio autonómico a través de la legislación específica catalana, lo que está suponiendo una dificultad de articulación entre el Colegio estatal y el Colegio catalán, parece claro que dicho objetivo no se ha alcanzado, a dos niveles: por una parte, lo que deberían ser Colegios Autonómicos son delegaciones, y por otra, el ámbito territorial de éstas no coincide en todos los casos con el mapa política de las autonomías.

El Colegio fue promovido por la Coordinadora Estatal de Secciones de Psicólogos existentes en los Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias. En un primer momento quisimos que en el propio proyecto de ley apareciera la creación de varios Colegios (tantos como Secciones de Psicólogos estaban en la Coordinadora) y el Consejo General. Pero al negociar con los grupos parlamentarios, y en particular con el socialista (Francisco Ramos) y el comunista (Enrique Curiel), que fueron los que asumieron nuestra propuesta, nos dijeron que ello complicaría la aceptación parlamentaria, pudiendo llegar que no fuera aprobada la proposición de ley (hay que recordar que entonces gobernaba UCD y que el Gobierno no había querido asumir el Proyecto).

Por ello, y a pesar nuestro, la ley contempló la creación de un único Colegio estatal, integrado por delegaciones (los futuros Colegios autonómicos). Nuestra esperanza era que en un plazo muy corto podríamos incluir en los Estatutos colegiales unos mecanismos ágiles para las Delegaciones que la deseasen se convirtieran en Colegios.

Simultáneamente, como creíamos que la situación de un Colegio de tipo estatal sería transitoria y muy corta, hicimos todo el diseño organizativo como si de hecho las delegaciones fueran Colegios y la junta de Gobierno Estatal fuera una especie de Consejo General.

El dato más claro es que las delegaciones tramitaban la colegiación y tenían cada una su propio libro de registro, salvo la firma de los carnets, reservada al Decano y Secretario Estatal y que también recaudaban las cuotas, quedándose con el 90 % de las cuotas ordinarias para una gestión autónoma y transfiriendo solo el 10% de dichas cuotas (y el 30% de la cuota de inscripción) para su gestión por la junta de Gobierno Estatal.

Por lo anterior, el Proyecto de Estatutos que presentamos a la aprobación de los colegiados contemplaba esos mecanismos de segregación rápidos y regulaba el Consejo General (que no existía), al tiempo que la junta de Gobierno Estatal. Es decir, nuestro voluntarismo nos hizo que el Estatuto regulara tanto el Colegio existente (Colegio único estatal), como el que deseábamos (Colegios autonómicos más Consejo General).

Resultados: Los Estatutos no se han aprobado aún por razones de política general; del proyecto de Estatutos hubo que eliminar todos los artículos referentes al Consejo General y Cataluña montó un Colegio propio, en base a la legislación autonómica.

Hay algunas delegaciones que todavía no coinciden con los territorios autonómicos, bien por defecto o por exceso.

1.2.1. Las que sí se atienen a los territorios autonómicos son: Galicia, Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana, Murcia, desde 1-1-1989; anteriormente dependía de la Delegación de Madrid, Aragón y Castilla-León.

1.2.2. Hay más de una delegación en una autonomía. Las Palmas y Tenerife: Canarias; y Andalucía occidental y oriental: Andalucía.

1.2.3. Hay más de una autonomía en una delegación: Norte: Asturias y Cantabria; Navarra: Navarra y Rioja; y Madrid: Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.

En la actualidad, es más preocupante la situación del Colegio de Andalucía y Canarias, porque en ambos casos los gobiernos autonómicos tienen competencias en Educación y Servicios Sociales, y en Andalucía además en Sanidad, y, sin embargo, no hay un único interlocutor colegial para negociar las políticas profesionales.

En los demás casos hay un problema temporal, ya que una delegación requiere un cierto volumen de colegiados para ser viable, y éstas (Rioja, Extremadura, Cantabria y Castilla-La Mancha) todavía no han alcanzado la masa crítica. Pero en parte, el problema queda superado mediante la figura de las subdelegaciones que tienen bastantes competencias, salvo la de colegiar y recaudar las cuotas.

¿Origen de esta disfunción?

Hemos señalado que el Colegio partió desde las Secciones de Psicólogos de los Colegios de Doctores y Licenciados. Estos Colegios estaban organizados por distritos universitarios y evidentemente en los años setenta los distritos no coincidían con las autonomías.

Por otra parte, también hay razones de rivalidad (por ejemplo, entre Tenerife y Las Palmas) y ello dificulta en cierta medida encontrar una solución satisfactoria.

De todas maneras hay que llegar al modelo buscado delegación = autonomía, para que las delegaciones pasen a convertirse en Colegios Autonómicos (con delegaciones provinciales) y más adelante en Consejos Generales Autonómicos (con Colegios Provinciales).

De acuerdo con nuestras previsiones, en la actualidad debería haber un Consejo General de Colegios, en lugar de una junta de Gobierno Estatal.

La. no aprobación de los Estatutos nos ha dejado como foto fija lo que no era más que una etapa breve y transitoria en nuestro proyecto.

Lo anterior está generando numerosas contradicciones en multitud de planos.

Por una parte, surgió el Colegio de Cataluña por vía autonómica, sin ningún engarce legal con el COP estatal por el momento. Para solucionar dicho problema elevamos una petición al MEC para que constituyera un Consejo General entre ambos Colegios y, ante la negativa, hemos ido al contencioso. Por tanto, el problema se encuentra recurrido en vía judicial.

A efectos prácticos se ha montado una Comisión Mixta de representantes de las juntas de ambos Colegios para encontrar vías estables de colaboración, ya que es lo que conviene a la promoción y defensa de la profesión.

Por otra parte, la confusión entre lo real en el plano jurídico (Colegio Estatal) y lo real de hecho (delegaciones que operan en la práctica como Colegios, pero sin personalidad jurídica) genera incidencias y conflictos permanentes.

Ejemplos:

˙ Los impuestos se pagan a nivel estatal: IRPF del personal, IVA, Impuesto de Sociedades. La Junta de Gobierno Estatal debe hacer frente a esos pagos generados por las delegaciones, pero a veces carece, en tiempo, de la información y del dinero que deben enviar las delegaciones para hacer frente a dichas obligaciones.

˙ La Junta de Gobierno Estatal tiene que autorizar la apertura de cuentas oficiales en bancos, la contratación de personal, la contratación o compra de locales, de suministros (teléfono), etc. Si en alguna delegación se cometieran errores graves de gestión, el conjunto del Colegio, y en particular la junta de Gobierno Estatal, serían los responsables jurídicamente.

˙ Dificultades económicas. A pesar de que es la Junta de Gobierno Estatal el único órgano colegial con personalidad jurídica, dada la voluntad descentralizadora, reflejada, entre otros aspectos, en que quienes recaudan son las delegaciones, en varias ocasiones la Junta de Gobierno Estatal se ha visto sin recursos por la tardanza con que las delegaciones hacen frente a sus obligaciones (hay un promedio de ocho millones de pesetas de deudas de las delegaciones con la Secretaría Estatal).

La Junta de Gobierno Estatal, para encontrar una solución transitoria, ha puesto en marcha la denominada «Junta de Gobierno Ampliada», que es un vínculo más estrecho entre Junta de Gobierno Estatal y Delegaciones en la toma de decisiones de carácter general y en la coordinación de la política colegial.

Como es sabido, el acto jurídico fundante del COP fue una ley aprobada por el Parlamento, ya en la etapa postconstitucional. Posteriormente se aprobaron los Estatutos Provisionales, que sólo regulaban cómo se accedía a ser colegiado y las primeras elecciones a Junta de. Gobierno Estatal. Asimismo, daba un plazo le seis meses, una vez realizadas las elecciones, para :presentar ante la Administración los Estatutos definitivos.

Se hizo todo lo anterior, aunque se tardó algo más de los seis meses, porque la Junta quiso implicar al conjunto de los colegiados en la elaboración y aprobación de los Estatutos. Finalmente, se presentó ante el MEC en abril de 1982. Van a ser, pues, siete los años que llevan los Estatutos pendientes de su aprobación por el Gobierno.

Hay que señalar que los Estatutos son plenamente conformes a la legislación vigente, que hemos aceptado la mayor parte de las sugerencias propuestas por diversos departamentos ministeriales, que incluso ya en 1984, el entonces Ministro de Educación, José .Mª Maravall, nos comunicó por escrito que no había ninguna objeción al texto de los estatutos, y que la única razón para no aprobarla era la intención del Gobierno en aquellas fechas de aprobar una nueva Ley de Colegios.

Pues bien, el Gobierno ha olvidado esa intención; sigue siendo cierto que no hay ninguna pega específica contra nuestros Estatutos, y que la única razón es de tipo político: la decisión del Gobierno de no tramitar nada relacionado con los Colegios Profesionales en su conjunto.

Como es sabido, no nos hemos quedado quietos: hemos recurrido a los grupos parlamentarios, al Defensor del Pueblo, nos hemos manifestado, nos hemos entrevistado con diversos responsables ministeriales. Total, nada por el momento.

¿Qué consecuencias tiene para el Colegio?

Muchas y variadas. Por ejemplo, ya hemos señalado que las delegaciones no han podido convertirse in Colegios. No están regulados los derechos y deberes colegiados. Las Juntas pueden actuar con arbitrismo.

Primero la Ley, luego el Estatuto Colegial, luego los Reglamentos de delegación.

Hemos estado esperando a que salieran los Estatutos, y por ello habíamos congelado el desarrolla de os Reglamentos de funcionamiento de las delegaciones, ya que por definición éstos deben atenerse y no ser contradictorios con el Estatuto. Pero hemos sido conscientes de que esa situación no podía durar más. Diversos conflictos ocurridos en las delegaciones mostraban la necesidad de proceder a regular el funcionamiento de éstas.

En la Junta de Gobierno Ampliada, celebrada en diciembre de 1987, se aprobaron unas bases o puntos mínimos que debían contener los Reglamentos y la metodología para elaborar y aprobar éstos, dando de plazo el año 1988 para tenerlos todos aprobados. Bien, a 31 de diciembre de 1988, sólo se habían presentado tres Reglamentos, de los cuales la Junta sólo aprobó dos, los presentados por Valencia y Norte, devolviendo para su mejora el presentado por Baleares.

Mientras tanto, ha habido conflictos en el País Vasco, Las Palmas o Madrid, entre otras, sin que hubiera un marco de referencia definido y público para dirimir los conflictos.

Por tanto, dado el volumen de nuestra organización, y los recursos que se manejan, es imperioso que todas las delegaciones elaboren, pues, proyectos de Reglamentos para que la junta los apruebe.

Por otra parte, todas las delegaciones están en la obligación de hacer una asamblea anual para presentar y someter a aprobación la Memoria, el Balance, los Presupuestos y el Plan de Trabajo anual.

Además, en las delegaciones en las que existan subdelegaciones, los Reglamentos deberán establecer claramente las competencias de éstas, su articulación con la delegación y la atribución de fondos para su funcionamiento estable.

2.2. Inestabilidad en el liderazgo y en las estructuras de representación

Por la juventud del Colegio como organización (sólo nueve años), su poco asentamiento y la movilidad e inestabilidad de los psicólogos (cambios de trabajo, de destino, etc.), hay una tendencia preocupante a que las Juntas Rectoras no terminen su período de mandato (tres años), o que lo terminen la mitad de sus miembros, o que disminuya a mínimos la gestión y actividad colegial. Ello, unido a ciertos conflictos habidos en varias delegaciones-subdelegaciones (en el País Vasco, conflicto con dimisión de la Junta y proyección a nivel ciudadano en Andalucía occidental), no garantiza mínimamente una estabilidad en la gestión necesaria, tanto para consolidar la estructura colegial, cuanto para promover y defender la profesión.

Por otra, en muchos casos por la carencia de unos aparatos administrativos y de gestión, gran parte de ésta recae en los propios miembros de las Juntas, con lo que implica de dedicación, en su mayoría sin ninguna compensación económica.

Hay que decir que muchos compañeros confunden Colegio con Junta. Suponer que las Juntas tienen una varita mágica para solucionar los problemas colectivos y que no es tarea de todos sacar la gestión adelante.

Es obligación de las Juntas crear los cauces de participación, animar y liderar la actividad, hacer una buena asignación de los escasos recursos, pero una Junta Rectora no es la delegación ni la Junta de Gobierno es el Colegio.

Por tanto, no basta con que los colegiados eleven o transmitan sus peticiones o problemas, considerando que ahí termina su participación, y que a partir de ese momento es la Junta respectiva la que debe sacarlos adelante.

Hay por ello que subrayar que el número real de compañeros implicados en impulsar la actividad colegial es un porcentaje escaso, que incluso hay ocasiones en que ha habido que suspender elecciones porque no se ha presentado ninguna candidatura.

Desde esa perspectiva, es milagroso el tamaño de la organización que hemos creado y el volumen de actividad que se genera, pero existe el riesgo de que se trate de un gigante con los pies de barro por la falta de implicación efectiva de una gran mayoría de los colegiados preocupados más de su problemática particular que de la colectiva.

En resumen, además de regular el funcionamiento de las delegaciones mediante los Reglamentos, es preciso estabilizar los liderazgos y estructuras representativas y que las bases colegiales se incorporen más activamente a la gestión colegial, ya que en último término son sus intereses como profesional y profesión lo que está en juego.

Hasta ahora hemos sido eficaces en implantar la organización colegial en su dimensión territorial, porque es la base de la estructura colegial: colegiación, recaudación de cuotas, locales, servicios, aparato administrativo, etc.

Es cierto que esa implantación territorial es la base de la organización. Pero también es cierto que no es suficiente. Para un psicólogo clínico residente en Valladolid, por ejemplo, o en Sevilla, es importante su vinculación con los compañeros que residen en dichas capitales, sean o no clínicos. Pero también le es crucial vincularse con otros psicólogos clínicos, aunque no residan en su misma localidad.

Ese tipo de relaciones por especialidad o sector de intervención es lo que en la American Psychological Association denominan divisiones o en otras organizaciones secciones.

Pues bien, en este momento estamos en el COP en una fase incipiente, en el sentido de que hay algunas experiencias o balbuceos (la Coordinadora estatal de seguridad vial, la Sección de Psicología jurídica en la Delegación de Madrid, diversas comisiones y grupos de trabajo en varias delegaciones).

Actualmente la Junta de Gobierno está estudiando el modelo de organización por sectores profesionales y éste es, sin duda, uno de los retos principales que tenemos como organización para garantizar nuestro futuro.

El Colegio no es un fin en sí, sino que debe servir para algo: representar la profesión, promover y defender sus intereses, proteger a los usuarios frente a la mala práctica, promover la formación permanente, ofrecer diversos tipos de servicios, etc.

Es un dato a resaltar que en sólo ocho años hemos conseguido aglutinar y mantener a 22.000 colegiados (incluyendo Cataluña), que supone alrededor de un 75% del total de los titulados existentes (no hay un dato exacto, pero por lo alto podríamos estimar en un máximo de 30.000 el número de licenciados que han salido de las facultades en estos dieciocho años).

Y ello a pesar de que al estar en fase de construcción del COP, el nivel y calidad de los servicios no ha sido muy alto hasta el momento.

Sin embargo, lo que constituye un serio problema es su desigual distribución en el espacio. Como se verá en los gráficos, hay delegaciones con 300 colegiados, con 2.000 y 7.000. Evidentemente, y dada la autonomía económica de las delegaciones, el número de colegiados es una variable esencial a la hora de organizar servicios y actividades.

Ahora, y por este motivo, el Colegio no puede garantizar el mismo nivel de servicios al colegiado que reside en Palencia que al que reside en Valencia o Madrid. Es cierto que lo mismo ocurre en otros aspectos de la vida, pero ello no deja de suponer un problema.

¿Qué medidas se han adoptado para subsanar, al menos en parte, ese problema?

En primer lugar, la actual Junta de Gobierno Estatal acordó un cambio en la distribución de recursos estatal-delegaciones para garantizar desde la estatal unos servicios mínimos.

Así, se pasó del 10 al 20% la proporción de la cuota que gestiona la estatal. Ello permite que la estatal edite Papeles del Psicólogo y lo haga llegar a todos los colegiados, con lo cual se garantiza que todos reciben la misma información básica por parte del Colegio. Por otra parte, la estatal convoca reuniones en las que garantiza que estén presentes los representantes de todas las delegaciones, haciéndose cargo de los gastos de viajes.

Además, por ejemplo este año, se creó un Fondo de Compensación Interdelegaciones, con un presupuesto de millón y medio, para apoyar actividades de las delegaciones con menos de 500 colegiados.

Por último, dado que la estatal defiende intereses colectivos de tipo estatal y no territoriales, un incremento de su capacidad de actuación va en beneficio de todos, al margen del lugar de residencia: representación internacional, negociación con diversos ministerios, defensa jurídica (recursos tema orientación...), etc.

A lo largo de los puntos anteriores, o al ir señalando los aspectos problemáticos, se han ido apuntando diversas soluciones. En este último apartado sólo se va a tocar, por tanto, aspectos generales, dando por sobreentendido todo lo dicho anteriormente.

Ese es nuestro principal activo y debemos mantenerlo y potenciarlo como sea, se mantenga o se quite a obligatoriedad de la colegiación.

El COP debe ampliar su concepción y filosofía de trabajo y evolucionar hacia un modelo de asociación científico-profesional en la línea de la APA, BPS, etc. Hay que tener claro que tan profesional de la psicología es el psicólogo aplicado como el investigador y el profesor universitario. Sin duda, ello tiene sus dificultades, pero debemos caminar en ese sentido. El Congreso del COP de 1990 tratará de incorporar en su programa esta filosofía.

Ya se ha señalado que el COP no debería constituirse como un fin en sí mismo. No es la profesión, sino un instrumento de ella. Por ello debe actuar de mediador entre la profesión y la sociedad (en su doble sentido), entre la psicología española y la internacional, entre la psicología aplicada y la universitaria, entre los diversos colectivos de psicólogos.

No cabe duda que cabe hacer un mejor uso de los recursos disponibles, y ello implica construir un aparato de gestión más profesionalizado, hacer un gran esfuerzo por informatizar en mayor medida la gestión, obtener fuentes de ingresos alternativas a las cuotas, etc.

Información, formación, asesoría jurídica y profesional, seguros, locales, son rúbricas, entre otras posibles, que deberán iniciarse, ampliarse o perfeccionarse, según los casos.

Por último, si bien el tono del artículo es más bien autocrítico, debo señalar que visto desde fuera es increíble a dónde hemos llegado, y que salvo graves errores, el COP es una organización con un futuro previsible bastante prometedor.

Todo lo que somos nos lo debemos a nosotros mismos. Debemos mantener la confianza en nuestra capacidad para alcanzar las metas que nos fijamos, y en este artículo se señalan varias, pero eso sí, no debemos renunciar a realizar críticas o autocríticas.