Papeles del Psicólogo, 1988. Vol. (36-37).

Manuel Berdullas, Fernando Chacón, Miguel López Cabañas y Luis María Sanz

Describir la evolución y el desarrollo histórico de los servicios sociales es una tarea compleja, ya que exige, por un lado, realizar un análisis tanto sincrónico en cada etapa de su evolución como diacrónico.

Las pretensiones de descripción darwinista de la evolución de las Ciencias Sociales y sus correspondientes objetos pueden producirnos la impresión de una vertebración compacta del desarrollo de los servicios sociales. El esquema básico en el que coinciden la mayoría de los evolucionistas sociales para justificar esta filogénesis es el siguiente: la caridad, la beneficiencia, la asistencia social, y la seguridad social con las etapas previas de seguro social, seguros sociales y previsión social, y el de bienestar social (Casado y Guillem, 1988).

Sin embargo, esta perspectiva está lejos de confirmarse cuando comprobamos la ambigüedad de las definiciones y de las etiquetas utilizadas para definir ese espacio de intervención: auxilio social, obras sociales, promoción social, seguridad social, acción social, servicio social, planificación social, etc. (Casado, 1987). Para alcanzar una comprensión más objetiva y completa es preciso estudiar las diversas situaciones histórico-sociopolíticas cuyos diseños económico-sociales generan tipos y estilos de marginación que le son propios y que del mismo modo definen los modelos de servicios y prestaciones que han de asegurar la supervivencia de los individuos o grupos en estado de necesidad. La posibilidad de una perspectiva histórica de conjunto se vería facilitada por la existencia de instrumentos de análisis que nos permitiesen evaluar la presencia y la persistencia de elementos de una situación o etapa anterior en la subsiguiente. Al hilo de esta reflexión intentaremos en las siguientes líneas recapitular una serie de acontecimientos que pueden considerarse como la génesis de los actuales servicios sociales.

Las sociedades grecorromanas contaban con un sistema asistencial cuya cobertura alcanzaba exclusivamente a los ciudadanos, desligado del concepto caritativo. Platón, en el libro octavo de La República o el Estado sobre el origen a la oligarquía, ya pone de manifiesto que en cualquier comunidad humana los bienes y recursos son limitados y la apropiación masiva de ellos por parte de determinados sectores determina el empobrecimiento y la marginación de otros.

Durante la Edad Media dominan las organizaciones religiosas y el sistema feudal como instituciones básicas de ayuda. Las primeras de carácter primordialmente benéfico, y la segunda como sistema social organizado. Los pilares básicos de ayuda social, cobijo y protección de ese contexto histórico y otros posteriores fueron las redes permanentes de albergues, refugios, hospitales, orfelinatos, etc., creados por las organizaciones cristianas. En siglos posteriores, hasta la disolución del Antiguo Régimen, la familia, la solidaridad regional, las parroquias y las instituciones religiosas continuaron siendo la estructura para los sujetos o familias que no se hallaban incluidas en la estructura formal del estado feudal o de aquella proporcionada por el gremialismo.

El pensamiento ilustrado apoya ideológicamente el derecho de los ciudadanos a una vida digna. La Revolución Francesa y los movimientos sociales (1836-40) serán los motores de un nuevo modo de participación de algunos estados en la cobertura de las necesidades de la población marginada, creando la beneficiencia.

En Europa se realizaron muy pronto algunos progresos legislativos. En Inglaterra (1601), durante el reinado de Isabel II, se aprobó la Ley Pobre, cuyo principal objetivo era el de clasificar a los necesitados según sus necesidades para proveerles de un tratamiento especial en los niveles parroquiales. En España se reguló la beneficencia desde el reinado de Carlos III, y la última ley sobre esta materia tiene fecha de 20 de junio de 1849 (Casado, 1986). En Alemania aprueba en 1883 un grupo de leyes que establecían un seguro de salud para los trabajadores. A partir de 1930 esta situación comienza a generalizarse en los países más desarrollados, y así en USA (1935) se promulga la Ley sobre Seguridad Social, que con cargo a los presupuestos federales determina la asistencia financiera a los ancianos, ciegos y menores.

En otro orden de cosas podemos comprobar cómo desde el propio estado liberal surgen investigaciones con el objeto de analizar los fenómenos de marginación. P. G. F. Le Play (1850) realizó un concienzudo estudio de la renta de centenares de trabajadores y familias francesas. Charles Booth (1890) investiga sobre las rentas, precios, condiciones de trabajo, salud, niveles de vida y actividades de ocio de los pobres de Londres. Su trabajo y su método sirvieron de modelo para ulteriores investigaciones.

Si de la descripción anterior podemos inferir que determinado tipo de atención predomina en un momento histórico determinado, no es menos cierto que si miramos a nuestro alrededor podemos encontrar elementos y modelos ideológicos de intervención propios de etapas anteriores. Aunque Cabrero (1982) sugiere la existencia de al menos cinco, nosotros sólo señalaremos aquéllos que caracterizan el momento actual: las opciones liberales y neoliberales de mercado (Friedman y Hayeck), y las concepciones del bienestar social como reforma (Titmuss) y como derechos sociales (Marshall).

Los planteamientos liberales y neoliberales se significan por sus intentos de reducir drásticamente la intervención del Estado en los asuntos socioeconómicos con el fin de que sea el mercado libre el único regulador y mediador de las relaciones entre el capita y el trabajo. Los modelos de intervención social que emergen de esta filosofía política pretenden constreñirla a sectores marginales de población. Las prestaciones se realizan básicamente a través de instituciones privadas y obedecen a políticas claras de darwinismo social (Berdullas y Duro, 1986).

El segundo modelo se denomina reformismo social u opción socialdemócrata. Intenta generalizar los derechos sociales y compatibilizar esta política con la libertad de mercado: Ante la imposibilidad de igualdad de rentas sugiere la posibilidad de igualdad de oportunidades (Cabrero, 1982).

Los objetivos económicos del actual gobierno están marcados por un modo de hacer neoliberal. Sin embargo, el modelo de intervención en materia social es reformista que si bien es verdad que hasta el momento actual mostraba un desarrollo ambiguo e indefinido, con la creación del Ministerio de Asuntos Sociales parece resurgir la voluntad de transformar la política de intervención social en un instrumento eficaz de planificación, coordinación y redistribución.

El sistema de servicios sociales español se desarrolla en un marco legislativo que conviene recordar.

Es cierto que la Constitución Española sólo hace mención expresa del término servicios sociales en el artículo 50 referente al colectivo de la tercera edad; pero ello no supone una limitación puesto que en su conjunto contiene un claro mandato a los poderes públicos que realicen una función promocionar de bienestar social para todos los ciudadanos, concretándose en el Capítulo III del Título 1º, donde se da contenido a la necesidad de interpretar los derechos fundamentales de la persona de conformidad con los derechos y tratados internacionales. La posterior aceptación por el Estado español de la Carta Social Europea (publicada en el «BOE» de 26 de junio y 11 de agosto de 1980) implica la obligación de crear y fomentar un Sistema Público de Servicios Sociales.

De lo anterior se deduce la necesidad de regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles, garantizando un desarrollo descentralizado. Efectivamente, las distintas Comunidades Autónomas han ido dotándose de leyes propias de servicios sociales, siendo la primera en aparecer la Ley del País Vasco (6/82 de 20 de mayo).

La Ley de Bases de Régimen Local (2 de abril de 1985), partiendo del principio de descentralización y autonomía local, define las competencias que corresponden al municipio y a la provincia, reconociendo a los municipios mayores de 20.000 habitantes las competencias propias en la prestación de servicios sociales.

Como resumen de la legislación en servicios sociales se puede resaltar la responsabilidad pública en su financiación vía Presupuestos Generales del Estado; la legislación, planificación y coordinación regional y asesoramiento técnico depende de las Comunidades Autónomas, y la gestión, planificación y ejecución local, de los Municipios.

Sin pretensiones de exhaustividad es interesante resaltar algunas afinidades entre las legislaciones de las diferentes Comunidades Autónomas. En todas ellas se contemplan dos niveles de intervención:

- Servicios Sociales Generales, Comunitarios, de Base o de Atención Primaria.

- Servicios Sociales Especializados o Específicos.

De los primeros hay que destacar algunas características comunes: prevención, descentralización, globalidad-integración son universalistas y generalistas, fomentan la participación ciudadana, etc. Los segundos se dirigen a diferentes sectores de la población que por algún aspecto permanecen al margen de la sociedad.

Hasta muy recientes fechas el psicólogo sólo tenía cabida en los servicios sociales especializados: minusvalías, tercera edad, toxicomanías, etc., quedando excluido en el nivel generalista, y en concreto. Desde la Dirección General de Acción Social, se está creando desde principios de 1988 el Plan Concertado para el desarrollo de las prestaciones básicas en servicios sociales, o, lo que es lo mismo, el Sistema Público de Servicios Sociales, que trata de erradicar la marginalidad endogámica de acciones pretéritas, creando un sistema público sólido y universalista similar a los de otros sectores de actuación pública: salud, educación...

Este sistema público prestaría sus servicios a los ciudadanos desde los Centros de Servicios Sociales, que en el nuevo diseño cuenta con la figura del psicólogo, para ser más exactos de un psicólogo por centro.

Este hecho debe ser valorado positivamente, pues va a suponer la creación de numerosos puestos de trabajo en los próximos años; además se reconoce la figura del técnico cualificado que debe estar en el staff de apoyo a la dirección, junto al abogado y un administrador, asesorando y coordinando las acciones de los Equipos de Base que realizarían los siguientes programas: información, valoración y asesoramiento; prevención de la marginación e inserción social; familia y convivencia, y voluntariado y participación ciudadana. Sin embargo, la situación actual es delicada ya que no se ha definido en ningún documento las funciones propias del psicólogo en los Centros de Servicios Sociales municipales, quedando, en muchos casos, al libre albedrío de la dirección o lo que el profesional en cuestión sabe hacer. Por otra parte, entendemos que un solo psicólogo es insuficiente para apoyar todos estos programas. Debemos seguir reivindicando y demostrando la utilidad de los psicólogos en los programas de Prevención de la Marginación e Inserción Social y de Familia y Convivencia, áreas éstas que son de clara actuación psicológica, tal y como ha reconocido recientemente la propia directora general de Acción Social, doña Patrocinio de las Heras, en las II Jornadas de Psicología de la Intervención Social.

Dentro de este marco legislativo se integra el desarrollo de los servicios sociales. El interés del Colegio por potenciar el papel del psicólogo en los servicios sociales no es nuevo. Ya en el I Congreso del Colegio Oficial de Psicólogos (1984), el Arrea de Psicología, Sociedad y Calidad de Vida sirvió de foro donde algunos profesionales que empezaban su andadura profesional en servicios sociales pudieron comunicar sus experiencias. Bien es verdad que por aquel entonces estaban centrados en ubicarse dentro de los servicios sociales especializados, y eran éstos los que acaparaban la mayoría de las intervenciones, relegando las aportaciones sobre servicios sociales especializados a un segundo plano. Así fueron numerosas las comunicaciones sobre menores, juventud marginada, adicciones, transeúntes, etc. A pesar de lo expuesto anteriormente, algunas intervenciones centradas en la metodología, prevención y la perspectiva comunitaria hacían prever el cambio que se produciría unos años más adelante.

A finales de 1985 la nueva junta Rectora de la Delegación de Madrid, presidida por Adolfo Hernández, expresó como una medida prioritaria la potenciación de nuevas áreas de intervención, entre las que destacaban los servicios sociales. La primera preocupación en esta línea fue propiciar un ámbito de encuentro a los psicólogos que trabajaban en servicios sociales, que ya por entonces empezaban a ser abundantes. Este fue el principal objetivo de las I Jornadas de Psicología de la Intervención Social, celebradas en Madrid en enero de 1987. En estas Jornadas tanto en las ponencias como en los talleres se hizo evidente la necesidad de una mayor formación. Para hacer frente a estas necesidades se organizó el Primer Ciclo de Conferencias sobre Intervención Social, donde intervinieron algunos de los mejores profesionales en este campo.

Una consecuencia inmediata de las I Jornadas fue la organización del Área de Intervención Social en la Delegación de Madrid, que se estructuró en diversas comisiones:

- Tercera edad

- Mujer

- Servicios sociales generales.

- Familia e infancia.

- Menores

- Metodología.

Además existe una Comisión de Coordinación constituida por representantes de las distintas comisiones. Más adelante la Comisión de Drogodependencias se integró también dentro del Área de Intervención Social.

Fruto del trabajo de estas comisiones ha sido la organización de las II Jornadas de Psicología de la Intervención Social, celebradas en Madrid el 28, 29 y 30 de noviembre de 1988. En ellas han participado más de 360 psicólogos, asistentes sociales, sociólogos, etc., que siendo fieles al título Interdisciplinariedad y Servicios Sociales han trabajado conjuntamente para superar antiguos corporativismos en bien de la sociedad. Junto a las áreas de intervención específica (menores y juventud marginada, mujer, minusválidos, tercera edad, familia, animación sociocultural) ha sido enorme el interés despertado por áreas como: Organización y Servicios Sociales, Planificación y Evaluación y Servicios Sociales Generales, lo que, por otra parte, no hace sino apoyar el cambio de orientación producido en los últimos años. Estas II Jornadas estaban pensadas como presentación pública de la profesión en el ámbito de la intervención social, han servido para establecer vías de colaboración con distintos estamentos oficiales y colegios profesionales que esperamos que fructifiquen en una mejor comprensión pública de la actuación del psicólogo en este campo.