Papeles del Psicólogo, 1989. Vol. (41-42).

OTO LUQUE I AGÜES

Es una realidad constatable de manera progresiva que la Psicología constituye una de las disciplinas profesionales donde se asientan funcionalmente los programas de Servicios Sociales. Sin embargo, los profesionales de la Psicología han venido encontrando un difícil y, en ocasiones, tortuoso camino en el desarrollo de su quehacer en los distintos ámbitos y áreas del bienestar social, estando aún distante el momento para poder afirmar que de forma normalizada los psicólogos están integrados en los Servicios Sociales.

Ello comporta un permanente reto en cuanto a la reivindicación justificada y la eficacia profesional de intervención en este ámbito de la Psicología, dando lugar a la denominada Psicología de la Intervención Social (Luque, 1984). Por ello, en este trabajo analizaremos, siquiera esquemáticamente, las principales características estructurales de los Servicios Sociales, el cómo y el porqué de la Psicología en los Servicios Sociales.

El actual paradigma de intervención en los Servicios Sociales se asienta en diversos principios y supuestos; de entre ellos merecen destacarse las necesidades sociales como supuesto relativo al sujeto, o a la intervención mediacional como supuesto relativo al método, así como el bienestar social en el sentido genérico como supuesto relativo al objeto. Para el desarrollo de esto los Servicios Sociales se han sustentado en un cuerpo teórico que ha ido creciendo en función de la expansión de sus programas y de la complejidad de su objeto de intervención cubriendo diversas áreas de actuación.

Así un análisis comparado de las diversas normativas reguladoras de los Servicios Sociales en nuestro contexto europeo nos permite establecer las áreas de actuación citadas de forma constante:

Otras áreas o ámbitos de actuación que aparecen citadas son:

Sin embargo, se ha venido resaltan, que el actual modelo de Servicios Sociales se caracterizan más que por la enumeración de sus áreas de actuación, por la utilización de métodos profesionales en el trabajo social (Carta Social Europea, 1961-1980), y a partir de un conjunto de criterios que son generalmente aceptados como principios inspiradores de su contenido (igualdad, solidaridad, libertad, universalidad, responsabilidad de los poderes públicos, normalización, globalización o personalización, participación y proximidad).

Propiciando un conjunto articulado e integrado de los distintos sectores o ámbitos, objeto tradicional de los Servicios Sociales, tales como familia e infancia, juventud, mujer, minusválidos, tercera edad y otros, por citar sólo algunos ejemplos posibles. Esto ha determinado la existencia de ámbitos propios (los estrictamente encuadrados en programas de Servicios Sociales) y ámbitos derivados (aquellos relacionados con los anteriores y de necesario concurso en programas generales de bienestar social tales como la educación, la sanidad, la vivienda, etc.).

Pero este tipo de aproximación que ofrece una primera formulación estructurado e integradora no agota el problema.

Así, Del Valle (1987), cuando aborda la delimitación de ámbito de actuación de los Servicios Sociales, suscita también el tema de la interdependencia y establece que deben considerarse al menos cinco elementos constitutivos para definir un sector. Primero las funciones de satisfacción de necesidades fundamentales (alimentación, trabajo, educación, vivienda ...). En segundo lugar, los grupos sociales diferenciados (según edad, sexo, estatuto profesional o social, actividad ...). Un tercer aspecto serían las actividades de producción de bienes o de prestación de servicios. En cuarto lugar, los problemas sociales y su manifestación, y en quinto lugar, los agentes públicos de decisión (indicando que se puede tratar de un único organismo o de varios, en cuyo caso la noción de sector no iría identificada con la competencia de un solo organismo administrativo).

Asimismo, este autor (Del Valle, 1987) destaca cómo el concepto de ámbito propio de los Servicios Sociales se ha visto desbordado por nuevas realidades y objetivos producto de la situación actual. Resalta aquí el proceso acumulativo respecto al hecho de la desigualdad social, el tema de los equipamientos sociales como factor determinante del acceso a la oferta de bienes y servicios, superando al factor relativo a niveles de rentas, así como las variables que afectan al mejoramiento de la calidad de vida relativas al entorno físico, las comunicaciones, pero también a variables sociales o «humanas», superando una concepción estrictamente individual.

Por su parte, Tymowski (1984) considera el problema de la definición de ámbitos en Servicios Sociales desde las perspectivas siguientes:

Este tipo de criterios ha venido a caracterizar diversas propuestas clasificatorias en función del cruce de los diversos factores enumerados, diferenciando fundamentalmente ámbitos de Servicios Sociales en función de tipos de servicios (información, orientación y consejo, integración social, de rehabilitación, de prevención, de ayuda domiciliaria, de residencia, de animación comunitaria, etc.) en función de los objetivos y las técnicas específicas utilizadas y en función de los destinatarios fundamentalmente. Otros factores (figuras profesionales, dependencia administrativa, características organizativas, territorio, fuentes de financiación) aparecen en la literatura como secundarios y parcialmente referidos en el establecimiento de ámbitos de Servicios Sociales (Rubiol, 1985; Forsberg, 1986).

De todos modos, es la división entre Servicios Sociales comunitarios o generalistas (también denominados de atención primaria de base o simplemente generales) y los específicos o sectoriales; es la estructuración habitualmente utilizada y aplicada en nuestro contexto cultural (Primeras Jornadas Europeas de Servicios Sociales, 1985). De los primeros se destaca su carácter inespecífico y/o polivalente y su relación con el ámbito local; de los segundos se resalta su carácter particularista y diferencial (así una determinada técnica de intervención adecuada para la tercera edad no lo sería necesariamente para la infancia, por ejemplo). Desde este supuesto conceptual los Servicios Sociales han ido evolucionando hasta generar un tejido estructural desde los recursos de carácter específico (equipos técnicos, residencias, centro de tratamiento, etc.) hasta servicios comunitarios orientados al conjunto de la población de ámbito local- municipal y que constituiría un primer eslabón de la cadena de servicios. Es decir, esta estructuración vendría a caracterizar el actual modelo de Servicios Sociales, superando antiguos marcos conceptuales, asegurando de esta manera la universalidad de los programas de bienestar social; así, los Servicios Sociales son para todos los ciudadanos y no sólo para los «marginados», reconociendo así los derechos sociales de los ciudadanos y de acuerdo con nuestros principios constitucionales.

Este tipo de criterio estructurador ha venido a ofrecer un marco referencial que permite superar la dispersión de modelos, pero con la parcial coexistencia de la caridad, la beneficencia, la asistencia social y los Servicios Sociales en la Seguridad Social como modelos anteriores (Luque, 1989), estableciendo un modelo dominante y una línea directiva con las siguientes características:

Así pues, se puede afirmar que la estructuración de los Servicios Sociales generales, comunitarios o de base ha supuesto una evolución conceptual y metodológica.

De forma paralela, en los desarrollos conceptuales que han sido configurados desde la intervención psicológica (Pelechano, 1980) se observa una evolución metodológica desde el caso individual al contexto comunitario (Bender, 1981; Barriga, León y Martínez 1987). Ahora bien, y paradójicamente, es en el ámbito comunitario donde el psicólogo encuentra mayores dificultades para normalizar su intervención profesional en Servicios Sociales (Luque, 1988) y ello tal vez debido, por una parte, a la reciente implicación profesional de la Psicología de la Intervención Social, y por otro lado, a la cierta inestabilidad que provoca en los Servicios Sociales la implantación progresiva del modelo referido.

Por todo ello, y sin intención de agotar nos centramos en el análisis del modelo de intervención de los Servicios Sociales, generales o de base, y propondremos un modelo de intervención psicosocial complementario.

Se viene afirmando que el paradigma interventivo en Servicios Sociales se fundamenta en el binomio necesidades/recursos (Las Heras y Cortajarena, 1985; Casado, 1987). Simplificando a veces de forma injustificada el modelo en base a una cierta precariedad de recursos sociales y a una abultada demanda de servicios.

Este tipo de aproximación a la conceptualización del modelo de intervención en Servicios Sociales ha supuesto en la práctica la concreción de formas de intervención semejantes a una «expendeduría» de servicios, donde un profesional tiene un horario de atención donde recibe peticiones y luego de considerarlas de acuerdo a algún baremo prefijado (en el mejor de los casos) realiza informes y procede a una orientación o información o distribuye recursos (de carácter material generalmente) hasta que éstos se agotan por «mor» del presupuesto. En este habitualmente queda marginado el psicólogo.

Por ello, y antes de criticar o cuestionar las posibles limitaciones de las concreciones habituales del modelo, analizaremos el propio modelo. Un primer punto a considerar es la misma definición marco de Servicios Sociales. Si partimos de la Carta Social Europea, podemos leer textualmente, en su artículo 14, que Servicios Sociales son aquellos «... que utilizando métodos de trabajo social contribuyen al bienestar y desarrollo de los individuos y de grupos en la comunidad y a su adaptación al social»).

Asimismo, en otra publicación de ámbito europeo (Consejo de Europa, 1980) los Servicios Sociales son definidos como «todos los organismos que por misión aportar una ayuda y/o asistencia a individuos, grupos o comunidades al objeto de facilitarles la integración en la comunidad; se excluyen los servicios que se ocupan únicamente de asegurar cierto nivel de vida por medio de la atribución de prestaciones en dinero o en especie» (pág. 11).

Ante este tipo de delimitación conceptual podemos destacar las referencias al bienestar social e integración, a la orientación comunitaria y el cuestionamiento de las exclusivas prestaciones materiales.

Abriendo, por tanto, la puerta a intervenciones donde se consideren otras variables que propicien el ajuste personal-social de los sujetos y donde determinadas prestaciones materiales pueden ser un elemento más, complementario en una intervención social, pero no el objeto último.

Y en este momento debemos recordar que la característica que supuso la superación del modelo benéfico de prestación social, y la aparición de roles profesionales en Servicios Sociales, fue el cambio de objeto de la intervención, pasando de ser la «indigencia» (en la beneficencia) para pasar a ser la «necesidad social» (en el modelo de asistencia social); ello obligó, entre otras cosas, a la determinación fiable de estados de necesidad, no quedándose sólo en su manifestación aparente.

El primer problema con el que nos enfrentamos al analizar el modelo imperante (binomio necesidades/recursos) es el de la conceptualización y determinación de los estados de necesidad. Pero ante el carácter relativista y cambiante de la misma necesidad social (se plantea la existencia de estadios cualitativos donde la satisfacción de uno implica la generación de otro en progresión continua) es frecuente observar cómo gran número de programas de Servicios Sociales generalistas adoptan el modelo de «demanda social» como base de sus programas en sustitución del de necesidad. Este cambio está basado en la aplicación del concepto economicista de «demanda efectiva» (Granell, 1973), y, sin duda, platea alguna distorsión en su aplicación fuera del contexto de mercado, donde se generó.

Por ello, y aún a pesar de que en la literatura se adopten otros referentes teóricos, por ejemplo, Casado (1987), se basa en la teoría de Maslow. Nosotros aquí vamos a considerar referencialmente la propuesta conceptual basada en Bradshaw (1981). Este autor plantea una tipología de las necesidades sociales, donde distingue entre la necesidad normativa, la experimentada, la expresada y la comparativa.

Por necesidad normativa entenderemos aquí aquella que el administrador, profesional o científico social definan como necesidad en un momento determinado en base al establecimiento de un nivel deseable; si un individuo o grupo quedan por debajo, son conceptualizados en situación de necesidad. Estos niveles normativos estarían sujetos a diversos factores de variabilidad (valores sociales, criterios aplicados, dimensionalidad temporal ...).

La necesidad experimentada o sentida es entendida como carencia subjetiva, y se obtiene a partir de in- formación proporcionada por los propios sujetos.

La necesidad expresada o demandada es la experimentada puesta en acción, esto es, hecha manifiesta a través de la demanda formal (por ejemplo, instancia) o informal (por ejemplo, manifestación pública).

Finalmente, la necesidad comparativa sería aquella obtenida tras estudiar las características de una población dada y extrapolar sus resultados a otras equivalentes. Así podemos determinar a priori el porcentaje de población infantil, ancianos o de minusválidos y sus necesidades potenciales de una población determinada aún sin estudio específico y así iniciar una intervención planificada.

En suma, a este autor (Bradshaw, 1981) le preocupa llegar a determinar la parte total de una hipotética necesidad real y para ello propone la existencia de doce posibles áreas resultantes de las combinaciones de los cuatro tipos de necesidades establecidas en su modelo. Estas irían desde la total coincidencia (+, +, +, +) y que determinarían un factor «g» de la necesidad, hasta la ausencia de necesidad según todas las previsiones consideradas (-, -, -, -). Las diez áreas restantes representarían el hecho de que al menos uno de los tipos de necesidades se dé, o que aparezcan coincidentes (entre dos o tres tipos).

De todos modos, ante las dificultades prácticas al aplicar todos estos tipos en la determinación de estados de necesidad, el autor señala que se deben utilizar al menos dos de los tipos enunciados para poder afirmar que existiría una necesidad real. Así la simple demanda de un servicio por parte de un usuario o la misma normativa que estableciese que grupos sociales estarán en situación de necesidad por sí solos, no serían indicadores válidos.

Otro autor que en la misma línea argumental nos ofrece aportaciones relevantes en el tema es Thayer (1983), que ha realizado una interesante revisión de siete trabajos que reflejan cómo en la práctica se han cuantificado distintas «necesidades» en diversos colectivos sociales (tercera edad, minusválidos, infancia, servicios de atención domiciliaria, etc.).

De la revisión de dichos trabajos se destaca, de un lado, el intento de determinar una hipotética «demanda razonables fundamentada en el criterio de necesidad sentida en combinación con una serie de criterios normativos de acuerdo con una jerarquía de necesidades basada en la importancia relativa de los criterios adoptados.

Por otro lado, en esta revisión se destaca la determinación que hacen diversos autores de índices de necesidad; en concreto se destacan los índices de atención familiar y de condiciones sociales (Davis, 1983; Packman, 1983).

En conjunto, Thayer (1983) propone algunas conclusiones a partir de su revisión. En primer lugar confirma la utilidad de la clasificación de Bradshaw dada la efectiva ausencia de una medida absoluta de la necesidad social alternativa. Igualmente plantea cómo estos cuatro tipos de criterios están estrechamente interrelacionados, conteniendo todos ellos elementos normativos. Así la determinación de la necesidad experimentada se veía afectada por las mismas preguntas, y sus criterios de elaboración y selección por la percepción del entrevistador, y/o por los criterios evaluativos. Respecto a la necesidad expresada o demandada se observa cómo frecuentemente también se ve contaminada por criterios normativos (por ejemplo, el efectivo acceso a las listas de espera).

Este es posiblemente el motivo de que la mayoría de estudios utilicen criterios de necesidad con elementos normativos, dado que si de hecho esos criterios contaminan a todos los demás, es mejor aplicarlos directamente y controlarlos. Además estos criterios normativos son frecuentemente necesarios para diagnosticar estados de necesidad. Concluye el autor este punto, sugiriendo que sería conveniente que se dieran explicaciones más precisas de la elección de los criterios normativos de necesidad.

Por otro lado, la frecuente utilización de la necesidad expresada o demandada es debido a que permite una valoración más fácil, pero, al mismo tiempo, es el concepto de necesidad menos útil dado que requiere el conocimiento previo de la existencia de un servicio y el grupo poblacional potencialmente usuario de este servicio que se viene caracterizando por su falta de información, inadaptación al sistema, distorsión perceptual de la estructura de recursos sociales, así como por prejuicios negativos hacia el contacto con instituciones. Unicamente tendría alguna utilidad en situaciones en que los recursos sean muy limitados.

Por todo ello, Thayer (1983) concluye finalmente que parece deseable el emparejamiento de las estimaciones basadas en criterios normativos con el uso de criterios de necesidad experimentada o comparativa, siendo desaconsejable la utilización de un único criterio.

El segundo elemento constitutivo del binomio objeto de nuestro análisis se refiere a los recursos sociales.

De forma paralela a como lo hemos hecho respecto a las necesidades sociales se viene afirmando el carácter relativo y dinámico de los recursos sociales en lo que respecta a programas de bienestar social. La práctica de los servicios sociales ha demostrado la existencia de «modas» de tal manera que, por ejemplo, en un momento determinado la familia no resultaba un recurso adecuado y era criticada como la estructura generadora de muchas problemáticas sociales, y posteriormente era justo lo contrario, o en otro orden de cosas, tipos y características de residencias.

Sin embargo, nuestro interés en este punto se va a centrar aquí en analizar, de forma siquiera esquemática, las grandes líneas conceptuales de los recursos sociales. De este modo podemos estructurar dos principales aportaciones a su comprensión, siempre considerando que por recurso social no vamos a entender aquel que simplemente sea de uso colectivo, sino en función de que en alguna medida resuelva o satisfaga necesidades sociales (Ander-Egg, 1981).

Así de una parte consideramos una concepción amplia, según la cual recurso social sería aquel «que la sociedad genera en distintos momentos históricos y en diferentes ámbitos ...; son bienes sociales como pueden serlo los elementos que forman parte del patrimonio artístico y cultural o el ecológico ambiental. Son el reflejo vivo de los esfuerzos humanos y sociales llevados a cabo para responder a las necesidades y aspiraciones de los miembros de una sociedad, y en la mayoría de los casos contribuyen realmente a su satisfacción y cumplimiento. Con su funcionamiento pueden mejorar la calidad de vida humana ... » (Peiró et al., 1986, pág. XIV). De esta manera conceptualizados, cuando se refiere a recursos sociales se incluye desde las propias estructuras de Servicios Sociales hasta cultura y tiempo libre, pasando, entre otras, por deportes, educación, sanidad, trabajo, etc., configurando así una perspectiva general e integradora de factores a considerar en una actuación tendente al bienestar social.

En el mismo sentido, Kisnerman (1984) parte de la diferenciación de recursos disponibles' (oferta actual de recursos) y oferta potencial (recursos cuya existencia y utilización apenas se evidencia. Por otro lado, destacar las actitudes y el valor emocional de los servicios que recibe el sujeto y que determinan un uso constructivo o destructivo de dichos recursos. Asimismo resaltar el hecho de que la relación necesidades-recursos no es armónica y el que la sociedad genera progresivamente nuevos recursos en función de las necesidades de la misma sociedad.

De este modo, Kisnerman (1984) establece una conceptualización básica de recurso social según la cual serían los medios humanos, materiales, financieros e institucionales, de que se dota a sí misma una sociedad para subvenir a las necesidades de sus individuos, grupos o comunidades en cuanto a integrantes de ella. Diferenciando entre servicios sociales propiamente dichos (medios que se ponen a disposición pública para su uso colectivo tales como transporte, escuelas, hospitales, etc.) y prestaciones sociales (medios que se dan al individuo para su uso privado).

Igualmente establece una clasificación general de recursos, estableciendo los siguientes tipos: a) naturales (hábitat natural del individuo; su uso determina la vida de la comunidad); b) materiales (infraestructura y equipamiento de que dispone una comunidad); c) técnicos (conjunto de instrumentos que interponemos entre nosotros y nuestro objeto de trabajo para conocerlo y lograr un producto para ejercerlo; d) financieros (medios de capital de que se dispone para ejecutar una acción); e) humanos (conjunto de población real o potencialmente apta requerida para la ejecución de un plan, programa o proyecto), y f) institucionales (estructura de servicios de que se dota la sociedad para el cumplimiento de sus fines).

De este modo, Kisnerman ofrece una conceptualización amplia de los recursos sociales con una diferenciación de los distintos factores en que se estructurarían una influencia diferencial en programas sociales, dependiendo de las características de éstos o del marco sociohistórico donde se contextualicen.

Sin embargo, otros autores (Restrepo, 1986), cuando se refieren a recursos sociales, desde una óptica dé Servicios Sociales defienden una conceptualización que denominamos «restringida». Esto es, harían referencia a aquellos recursos que dentro del ámbito de actuación de los Servicios Sociales se ajustan a la metodología, principios y objetivos de los Servicios Sociales. De esta manera se consideran únicamente aquellos recursos que se enmarcan en lo que más arriba definíamos como ámbito propio (frente a los ámbitos derivados) de los Servicios Sociales. Por tanto, aquellos recursos que no, se orientarán al ajuste persona-medio social o que no dependiesen de las estructuras institucionales de los Servicios Sociales, por citar algunos ejemplos, no serían considerados.

En este contexto interpretativo se sitúan diversas Guías e Inventarios de Recursos Sociales reproduciendo generalmente la tipología que contempla Servicios Sociales Generales o Comunitarios y Servicios Sociales Especializados o Sectoriales en la estructuración de los recursos sociales.

En suma, de nuevo en la conceptualización de los Recursos Sociales se pone de manifiesto la complejidad, que ya en las necesidades sociales hemos apuntado y debemos destacar cómo en este caso habría que clarificar el marco conceptual aplicado.

Una vez analizados estos dos elementos constitutivos del binomio (necesidades / recursos) que configura el paradigma dominante de intervención de los Servicios Sociales, nos queda, sin embargo, el análisis de la intervención misma, es decir, de la mediación entre las necesidades sociales y los recursos que una sociedad dispone para hacerles frente.

Una primera característica es que la intervención en Servicios Sociales está precedida por la expresión explícita de la misma por parte del usuario, es decir, se afirma que no podría haber intervención sin requerimiento, o dicho de otro modo, que la demanda social es condición necesaria (pero no suficiente, como ya hemos justificado) para iniciar un proceso de intervención (Las Heras y Cortajarena, 1985).

Y aunque ya apuntamos anteriormente algo sobre este punto, y sugeríamos su fundamento en el concepto de «demanda efectiva», quisiéramos volver aquí sobre la cuestión.

Desde los Servicios Sociales se ha realizado en algunos casos un intento por relativizar el mismo concepto de demanda. Así, Marchioni (1987), aunque reconoce que la demanda es clave para orientar la intervención, plantea la siguiente tipología: a) demanda expresada; b) demanda no expresada; c) demanda existente; d) demanda potencial; e) des real, y f) demanda previsible a medio y largo plazo. Ello plantearía, según el autor, distintos niveles de toma de conciencia de la demanda existente, y sugiere que en algunos casos se ha de realizar un trabajo previo, de «concienciación» hacia el potencial usuario.

En el mismo sentido se ha destacado la existencia de aspectos simbólicos y culturales que mediatizan las manifestaciones de las necesidades (demandas) y de cómo la sociedad de consumo puede llegar a distorsionar la misma demanda (Casado, 1987).

Incluso en determinadas ocasiones se ha llegado a justificar la ausencia de demanda como condición necesaria de intervención social (Wikstrom, 1985; Franzoni, Natali y Zurla, 1988).

De este modo se ha propuesto la necesidad de considerar diversos factores que afectarían a la demanda social, tales como las características del sujeto, su nivel educativo, sus patrones comportamentales, el soporte social que reciba, las condiciones económicas y sociales, variables ambientales, etc., por citar sólo algunos ejemplos posibles.

Y aún reconociendo que el motor de toda intervención social sea la demanda, y dado que ésta plantea una significativa variabilidad, esto tendrá un reflejo en la tipología de posibles intervenciones psicosociales (Andoino, 1980; Dubost, 1987; Rueda, 1986; Luque y Navarro, 1986; Barriga, 1987; Luque, 1989).

Así, en el concepto invervención o intervenir lo comporta la realización de una mediación entre dos elementos distintos, pudiendo ser ésta, en principio, de carácter impositivo o voluntario, activa o pasiva, etc.; la intervención, pues, así considerada, y en términos generales podría ser querida, aceptada y participado por todas las partes implicadas o simplemente puesta por un agente en función de determinados presupuestos ideológicos.

Toda intervención psicosocial, sin embargo, pretendería la realización de cambios en la realización social, orientados a la mejora de las condiciones de vida y al bienestar social.

Igualmente se ha venido resaltando que en el concepto «intervención social» se destacarían dos características fundamentales:

La intervención social tendría un marco teórico referencial en la denominada «investigación-acción» (Lewin, 1946). Teniendo entre sus características el ser una actividad desarrollada por grupos o comunidades con el propósito de cambiar sus circunstancias con una idea, en principio, ampliamente compartida por los miembros del grupo de valores humanos. Siendo esta actividad, así considerada, una forma de realizar el bien común, fortalecería y sostendría un sentido de comunidad. De este lado se trata de un procedimiento social reflexivo donde no cabe hacer distinción entre la práctica que se investiga y el proceso de investigación de esta práctica, superando de este modo la dicotomización estricta entre teoría y práctica profesional.

Algunos de los presupuestos de la intervención social o psicosocial (Valcárcel, 1988) hacen referencia a la conceptualización del hombre (como ser social), agente de su propio destino. Se valora la mediación social de los contextos, supraindividuales en la delimitación de las posibilidades de cada sujeto. Igualmente se acepta el carácter evolutivo del individuo y de los grupos humanos. De ahí el sentido positivo que se otorga al cambio, a la movilidad social y al establecimiento de condiciones para delimitar y compensar las desigualdades sociales, potenciando la igualdad de oportunidades y la justicia social. Por otro lado, la misma concepción del hombre como ser social con conductas simbólicas implica para la Psicología de la intervención la dimensión congnitivo simbólica y el consiguiente análisis de las representaciones sociales y patrones culturales.

Desde un punto de vista funcionalista podríamos identificar dos modelos de intervención psicosocial: el modelo de los déficit y el de las diferencias.

El denominado modelo de los déficit presenta al individuo como carente de alguna cosa que es común a todos los sujetos y que se sitúa dentro del parámetro de normalidad. Por otra parte, el modelo de las diferencias conceptualiza al sujeto social como un individuo bien socializado en su propio ambiente cultural, pero mal socializado desde la perspectiva de otra cultura y las otras culturas que podrían denominarse dominantes. Así, en este segundo modelo el sujeto no sería deficitario en sentido defectuoso, sino que únicamente se presentaría «carente» de alguna cosa que le sería útil en las circunstancias en que habitualmente vive.

La principal función social de la intervención psicosocial es propiciar la calidad de vida y el bienestar social de los individuos, grupos o comunidades que constituyen el tejido social. Para la consecución de ello son posibles metodológicamente diversas aproximaciones que podrían sintetizarse en la práctica en una acción preventiva, en una acción impulsora o en una intervención terapéutica o integradora. La acción preventiva estaría orientada a acciones que impiden el surgimiento efectivo de problemas y conflictos sociales. La acción impulsora o dinamizadora facilita la realización del cambio social, implica la elaboración de constructos teóricos para explicar situaciones (diagnóstico social) y diseña instrumentos de cambio. Por último, la acción terapéutica o integradora se remitiría a los problemas que se manifiestan, con una estrategia rehabilitadora o compensatoria. Cabe indicar que cada una de las acciones se suele dar en paralelo en la práctica de los problemas sociales.

Esquemáticamente podríamos enumerar los elementos que caracterizarían la intervención social en los siguientes (Barriga, 1987):

En todo caso, cualquier intervención psicosocial en estos Servicios Sociales de carácter generalista o comunitario debe de prever, incluso en el campo de un solo sujeto, actividades diversificadas y simultáneas que abarcarían fundamentalmente cuatro dimensiones: el propio sujeto, su ambiente (y los «otros» significativos), la organización del servicio y la colectividad.

Además de lo hasta aquí analizado, los Servicios Sociales Generalistas o Comunitarios implican aspectos tan relevantes como la evaluación de programas y una determinada aproximación a la conceptualización en su gestión y organización. Sobre estos aspectos cabe decir que a pesar de su importancia, no los trataremos aquí con la atención que requieren y sólo apuntaremos algunas indicaciones sobre los mismos, debiendo ser tratados adecuadamente en otra forma y lugar.

Aquí sólo apuntaremos que respecto a la evaluación de estos servicios se destaca una tendencia al inventario cuantitativo de las demandas recibidas (casos atendidos) y los recursos (materiales fundamentales) distribuidos, sin considerar, en general, si se han cumplido o no los objetivos propuestos y el impacto social de los mismos; esto es, si los recursos han servido para asegurar el bienestar social y personal de los usuarios, o si han propiciado la autonomía personal y su integración al medio. Observándose una gran ambigüedad en estos aspectos, en consonancia muchas veces con los amplios objetivos previamente establecidos que resultan difícil de instrumentalizar.

La otra dimensión a apuntar son los aspectos estructurales de estas organizaciones de servicios y su análisis adecuado con técnicas de Psicología organizacional. Aquí destacaremos que estos servicios no se vienen caracterizando por la aplicación de métodos científicos en la organización del trabajo debido seguramente a las características que llevan asociados, tales como la historia voluntaria, su reciente implantación y la fuerte variabilidad política a la que están sometidos, pero, sin duda, su gestión no sería plenamente eficaz hasta que se supere este estadio.

Ante este tipo de observaciones cabe preguntarse si efectivamente está justificada la marginación práctica del psicólogo en este proceso, a tenor de las previsiones del modelo de las denominadas UNIDADES LOCALES DE TRABAJO SOCIAL que aplican el modelo conceptual e interventivo que acabamos de reseñar y que pretenden ser un modelo normalizador de la estructura primaria de los Servicios Sociales.

Por último, creemos que en un futuro cercano en los programas de Servicios Sociales se deberán tener presentes de forma práctica y habitual las variables psicosociales que afectan la definición de las necesidades y los recursos sociales, así como los que afectan al objetivo mismo (el bienestar social) y a las distintas dimensiones del proceso de intervención social.

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